El
presente proyecto de ley intenta abordar de manera integral un tema tan
complejo como es el de las adicciones en general, y del consumo de
estupefacientes en particular. Como bien dice el “Comité Científico Asesor en Materia de Control del
Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad
Compleja”, “la acción sobre la demanda
debe enmarcarse dentro de un plan con propuestas de políticas de estado,
recursos, con objetivos evaluables, y plazos que excedan el período de
gobierno, en base a los siguientes pilares: a- Prevención (a cargo de las
carteras de Educación- Desarrollo social y Salud), b- tratamiento (a cargo de las
carteras de Salud y Desarrollo Social), c- rehabilitación social (a cargo de
las carteras de Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Educación, Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos), y d- la represión (cartera de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos), todo ello, en forma coordinada y asegurando el Estado de derecho”.
Enmarcados en la sanción reciente de diversas leyes, como
son la Ley N° 26.206,
de Educación Nacional, la Ley N°
26.586, que crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las
Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas, y la Ley N° 26.657, de Salud
Mental, es que elaboramos esta propuesta que tiene una mirada holística e
integrada sobre el asunto.
Este
proyecto busca ser un aporte más, importante, a lo que ya viene haciendo el
Poder Ejecutivo Nacional que, en Mayo de 2010, ya había creado, en el ámbito
del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que
“tiene la misión de promover y coordinar
redes locales, regionales y nacionales, ordenadas según criterios de riesgo,
que contemplen el desarrollo adecuado de los recursos para la atención primaria
de la salud mental y de las adicciones. Esta tarea articula los diferentes
niveles y establece los mecanismos necesarios que aseguren y normaticen el
empleo apropiado y oportuno de los mismos, y su disponibilidad para toda la
población”.
El consumo
de estupefacientes y las problemáticas asociadas constituyen un fenómeno social
complejo, dinámico y multicausal. Entre las dimensiones que requieren ser
pensadas y consideradas se encuentran condiciones sociales, económicas, geopolíticas,
subjetivas, de salud y culturales, entre otras. Es decir, que se requiere de
enfoques interdisciplinarios, esfuerzos intersectoriales desde el Estado y la
articulación del trabajo con las comunidades, sus referentes y organizaciones
sociales dedicadas a la materia para abordaje de un campo complejo que se
resiste a la aplicación de respuestas lineales y reduccionistas.
Uno de los grandes cambios, que no
es original desde luego, sería poder modificar el enfoque, el paradigma, y
dejar de pensar al consumidor de estupefacientes como un delincuente para poder
encarar el tema desde el lado de las políticas de salud, de educación, y las
políticas sociales en general. Hablamos de consumidor, ya que hay claras
diferencias entre uso, abuso y dependencia, y es algo que no podemos
desconocer.
Sin
embargo, a la vez, no quisiéramos enviar un mensaje a la sociedad donde parezca
que las drogas son inocuas y, mucho menos, estimular su consumo. Por esa razón,
en vez de referirnos al tema como “despenalizacion del consumo personal de
estupefacientes” preferimos hablar “descriminalizacion del consumidor de
estupefacientes”. “El Derecho Penal es un
instrumento de control social que tiene carácter subsidiario; sólo puede
intervenir cuando otros medios menos lesivos no prometan tener éxito suficiente”
(Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja).
A
su vez, queremos dejar sentado que la modificación de la
Ley N° 23.737 es el capítulo final del
libro, y por eso lo realizamos en la parte final del articulado. Estamos
convencidos que primero es necesario trabajar fuertemente en la educación, la prevención,
la asistencia integral, y brindar igualdad de oportunidades, así como facilitar
caminos de reinserción.
No
queremos dejar de afirmar, junto con el Comité Científico Asesor en Materia de
Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y
Criminalidad Compleja, que la existencia de “focos de corrupción en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en
distintos estamentos del sistema judicial y político, ya sea traficando
sustancias prohibidas o protegiendo redes de comercialización” es uno de
los grandes temas a resolver, y lamentablemente excede los alcances de este
proyecto. Es imprescindible, a la par que avanzar con lo propuesto en esta iniciativa,
combatir al narcotráfico con todo el poder de la ley.
El
articulado del presente proyecto retoma, en algunos casos textualmente, otras
iniciativas legislativas que avanzan en la línea de lo que venimos diciendo.
El Programa
Nacional de Prevención y Asistencia Integral de las Adicciones se basa en la
sanción de la Cámara
de Diputados del 18 de Noviembre de 2009 sobre el Proyecto del Diputado
Leonardo Gorbacz (expte. 0517-D-2008), y que lamentablemente cayó en el 2011 en
el Senado. Esta propuesta, a su vez, ya ha sido retomada por otros diputados (expte.
0398-D-2012 de la Dip. Adriana
Puiggrós; expte 0702-D-2010 de la Dip.
Victoria Donda Pérez; expte. 3044-D-2012 del Dip. Leonardo
Grosso)
El Programa
Nacional de Inclusión Laboral para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad
Social se basa en el proyecto del Diputado Francisco Plaini (expte. 2885-D-2011). Y la modificación a la
Ley N° 23.737 tiene como antecedentes
diversas iniciativas legislativas que avanzan en la descriminalización del
consumidor de estupefacientes (expte. 0175-D-2012 de la Dip. Victoria Donda Pérez; expte.
0075-D-2012 de la Dip. Diana
Conti; expte. 0981-D-2012 del Dip. Ricardo Gil Lavedra; expte. 0396-D-2012 de la Dip. Adriana Puiggrós; expte. 1826-D-2012
del Dip. Fabián Peralta; expte. 2464-D-2011 de la
Dip. Vilma Ibarra), así como el proyecto
del Diputado Hugo Acuña (expte. 0911-D-2009) que avanzó en la modificación del
art. 42 con una propuesta desde lo educativo que tiene una mirada integral en
cuanto a lo preventivo.
Por
todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
